Política del terror
Continúan las políticas represivas de Gerardo Morales en Jujuy: detenciones, allanamientos y persecución a manifestantes y abogados penalistas.
Tras la apurada aprobación de la Reforma constitucional provincial y la represión a los manifestantes, ahora el gobierno de Gerardo Morales persigue a quienes se movilizan y a sus abogados defensores. Qué más pasó en Jujuy en los últimos días.
Política del terror
Hace casi un mes hablamos de la represión en Jujuy ocurrida luego de que docentes, comunidades originarias, trabajadores de la salud y el pueblo en general se manifestara en contra de la Reforma constitucional provincial. En estas semanas, las protestas se extendieron a otras localidades, siguieron los cortes de ruta y continúa el paro docente. Pero también se mantuvieron las persecuciones, las detenciones, las causas abiertas a manifestantes y los allanamientos en plena madrugada.
En las últimas horas, el juez Rodolfo Fernández liberó a nueve de los detenidos tras la represión del 20 de junio en la capital, aunque siguen procesados con imputaciones variadas que incluyen sedición, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, estragos, estorbo funcional y entorpecimiento del transporte terrestre, con el agravante de ser parte de una organización —lo que incluiría la carátula de asociación ilícita, un delito mucho más grave—. Sin embargo, continúan detenidos tres hombres que el 30 de junio se movilizaron hacia el Concejo Deliberante de Humahuaca y tras lo cual fueron brutalmente reprimidos.
Uno de los episodios que encendió una alarma en distintos organismos internacionales y de Derechos Humanos fue la detención de Alberto Nallar, abogado penalista que estuvo horas desaparecido hasta que se supo que lo habían trasladado al penal de Alto Comedero, imputado por el delito de sedición. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus y consiguió que le dieran prisión domiciliaria y también un habeas corpus preventivo para resguardar la libertad de los abogados Néstor Ariel Ruarte, Vicente Casas, Roberto Carlos Aleman y Alicia Chalabe, quienes defienden a manifestantes detenidos en Jujuy, ya que trascendió que se iban a dictar órdenes de detención también para ellos.
La exministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien forma parte del colectivo de abogadas y abogados Mario Bosch, señaló que Nallar “juntaba firmas en contra de la Constitución. Ese es el dato, un abogado sin organización, lo que indica más que nunca, más que en todos estos siete años y medio [en referencia al mandato de Morales], que esto es la dictadura real”. En concreto, la semana previa a su detención Nallar había estado recorriendo la provincia para explicar a las comunidades los efectos anti derechos de la nueva Constitución provincial. Ese fue su delito.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos exigió la inmediata libertad y el desprocesamiento de Nallar y Amnistía Internacional lanzó un comunicado en el que exhortó a Morales a poner un freno de manera urgente a la violencia, represión y criminalización en la provincia y a garantizar y respetar el derecho a la protesta. También los secretarios de Derechos Humanos de Buenos Aires; La Rioja; San Juan; Santa Fe; Tucumán; Entre Ríos; Santa Cruz; Tierra del Fuego; Catamarca; Chaco; La Pampa; Río Negro y Chubut publicaron un comunicado en el que expresan su preocupación por el accionar represivo de Morales y pidieron que las instituciones competentes actúen para “recuperar la paz y el pleno Estado de Derecho en Jujuy”.
Según los últimos datos, la semana pasada hubo más de cincuenta órdenes de detención entre Humahuaca y San Salvador y al menos trece detenidos. De acuerdo con el CELS, “la metodología con la que se ejecutaron las detenciones fue intimidatoria”. Por caso, Camila Muller, docente y artista, denunció que fue perseguida y que más tarde, un hombre y dos mujeres entraron a su casa, la ahorcaron con un cable, la abusaron y torturaron durante media hora.
Qué pasó en Humahuaca
Lo que ocurrió en Humahuaca fue similar a lo que había pasado diez días antes en San Salvador. Pero en este caso, ocurrió cuando el Concejo Deliberante sesionaba para tratar el repudio a la reforma constitucional. Decenas de personas se movilizaron a las inmediaciones y fueron reprimidas violentamente. Noelia Quispe, concejala de Juntos por el Cambio, denunció ante la policía que había sido privada ilegítimamente de su libertad por los manifestantes —algo que negaron los concejales Daniel Ábalos, Manuel Tarcaya y Jordán Zerpa, que estaban en el mismo lugar— y también fue la que impulsó la denuncia penal por sedición contra quienes participaron de la movilización. Como consecuencia de esto detuvieron a tres personas, entre ellas a Franco Zamboni, de 32 años, que fue arrestado en la mañana siguiente y durante trece horas su madre no supo en dónde estaba. Recién a la noche se enteró de que su hijo era uno de los trasladados al penal de Alto Comedero.
El modus operandi de las detenciones fue —para sorpresa de nadie— también bastante terrorífico: las personas fueron llamadas a presentarse en la comisaría para que les informaran los delitos que se les imputaban, pero una vez ahí quedaron detenidos, mientras en simultáneo la policía llevaba adelante violentos allanamientos. Tres de los detenidos fueron trasladados a San Salvador —a 130 km de distancia— para hacerles un “examen mental” (algo que no corresponde en esa instancia), hecho que la exdiputada provincial del PTS, Natalia Morales, calificó de “escarmiento”, ya que los trasladaron por los cerros para que demoraran muchas horas en llegar; horas en las que además estuvieron incomunicados y sin que su familia supiera cuál era su paradero.
En cuanto al Concejo Deliberante, finalmente los concejales emitieron una declaración en contra de la reforma constitucional, lo que motivó que los jujeños replicaran el pedido en los Concejos Deliberantes de las localidades de Tilcara, La Quiaca, Abra Pampa, Uquía, Maimará, Libertador General San Martín, Perico e incluso en San Salvador.
Morales y la educación
El dominó represivo de Morales empezó con los conflictos salariales con los educadores. El paro docente en Jujuy ya lleva casi dos meses y las ofertas salariales siguen siendo insuficientes. Además, si bien ahora se hizo el desentendido y dijo que los policías iban a ser investigados, la semana pasada la policía de la provincia irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, violando el principio de autonomía universitaria. Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju, contó que estaban reunidos cuando vieron llegar a la policía sin identificación y, según relata, les dijeron que “habían recibido órdenes de la Brigada” para irrumpir en la Universidad.
En su raid contra todos los niveles educativos, la semana pasada Morales también amenazó con “expropiar” la sede que la Universidad de Buenos Aires tiene en Tilcara porque según él “los de la UBA son los que incentivan los cortes en Tilcara” y agregó que “saben quiénes son” y que “tienen sus identificaciones”. Según explica la periodista Gabriela Figueroa en este artículo, en realidad lo que quiere Morales “es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara”.
A un mes de la Reforma
Este jueves se cumple un mes de las movilizaciones a la Legislatura de Jujuy en rechazo a la Reforma Constitucional de la provincia y organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos convocaron a una marcha en todo el país para repudiar los allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas por el gobierno de Morales. Además, en una efeméride muy poco feliz, también este jueves se cumple un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, ocurrida el 20 de julio de 1976, cuando en plena dictadura militar se llevaron a cabo secuestros y desapariciones en Jujuy, muchos de ellos con el apoyo de autos del ingenio Ledesma.
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