Taser: el debate que no fue
Una nueva aparición de la discusión por las Taser: ¿son una alternativa real al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad? Entrevista a Juliana Miranda.
Hola! Soy Agus Colombo y en este newsletter vamos a hablar de violencia institucional y de género, hacer un seguimiento de las causas existentes y, en lo posible, intentar pensar y repensar algunos conceptos e ideas. Este año la frecuencia del newsletter no siempre va a ser semanal: algunas veces saldrá cada dos semanas, otras dos semanas seguidas y otras cuando los temas lo ameriten. Pero siempre será los martes. Ahora sí, ¡gracias por suscribirte!
Taser: el debate que no fue
El trágico crimen de una agente de la Policía de la Ciudad a mediados de febrero volvió a traer a la superficie la polémica por el uso de las pistolas Taser. En primer lugar, el tema se metió en la interna de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que “tome la decisión” de implementar las Taser y Felipe Miguel —Jefe de Gabinete porteño— le respondió que no se trata de una decisión, sino de que “el Gobierno Nacional tiene frenada la importación”. A lo que se refiere Miguel es a que la Agencia Nacional de Materiales Controlados —dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— no resolvió el pedido de autorización de importación, lo que impide que estas pistolas lleguen a la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, confirmó la compra de cien pistolas Taser para que sean utilizadas por grupos especializados de cada fuerza (Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal). Para ello, agregó, las fuerzas deberán recibir un entrenamiento específico y, llegado el caso, cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de baja letalidad".
Y si bien ese protocolo indica que hay “estudios médicos y técnicos de prestigiosas instituciones académicas y médicas que concluyen que las armas electrónicas no tienen efectos letales sobre las personas”, Amnistía Internacional subrayó que “presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento”. Asimismo, hace algunos días organismos de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros) difundieron un comunicado en el que denuncian que las Taser son "instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física" y pidieron a las autoridades que prohíban su uso en todo el país.
Con todo esto surgen algunas preguntas: ¿hay algo más allá de la interna y de la campaña electoral? ¿Es el de las Taser un debate que la sociedad reclama? ¿Cuáles son los intereses detrás del recurrente debate sobre el uso de este tipo de armas? Para intentar pensar en este tema más allá de la urgencia, entrevisté a Juliana Miranda, Investigadora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Tres preguntas a Juliana Miranda
¿Qué consecuencias podría tener la implementación de pistolas Taser en nuestro país?
Gran parte de las intervenciones públicas que hoy circulan sobre los dispositivos de descarga eléctrica no necesariamente atienden a los problemas de seguridad de fondo. Actualmente es difícil saber las consecuencias de su posible implementación sin tener claras algunas cuestiones como en qué situaciones se utilizarían, de acuerdo con qué entrenamientos y protocolos, con qué régimen de portación (si los efectivos que las porten podrán tenerlas consigo las 24hs del día o no) o qué mecanismos de control existirían sobre su utilización.
Lo que sí podemos decir es que este tipo de armamento puede producir serios efectos lesivos permanentes e incluso provocar la muerte. En ese sentido, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió en 2020 unos lineamientos respecto del uso de armas menos letales que es necesario tener presentes a la hora de su implementación. En el caso de las pistolas Taser, estos lineamientos establecen, entre otras cosas:
Que no se deben utilizar sobre personas especialmente vulnerables (por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad psicosocial o bajo los efectos del alcohol o estupefacientes).
Que las descargas no deben superar los 5 segundos y los efectivos deben abstenerse de realizar descargas prolongadas o consecutivas.
Que no se deben utilizar sobre personas que estén en una posición en altura, ya que los efectos musculares podrían provocar una caída no controlada.
Que su utilización en espacios donde se hayan dispersado gases lacrimógenos u otros agentes químicos conlleva un riesgo aumentado sobre la salud de las personas.
Que es necesario proveer asistencia médica inmediata luego de una descarga.
¿Considerás que su implementación serviría, como dicen algunos, para evitar el uso de armas de fuego?
Estos dispositivos son, efectivamente, armas. El hecho de llamarlas “menos letales” no debe servir para justificar su uso irrestricto. La implementación de dispositivos de descarga eléctrica podría constituir una herramienta para asegurar un uso progresivo y proporcional de la fuerza policial en el caso en que sirvan para reducir las intervenciones con armas de fuego. Si su utilización se hiciera en conjunto con las armas de fuego, y no en su reemplazo (como parece surgir de la escasa información brindada por el Ministerio de Seguridad de la Nación) no servirían para reducir la letalidad policial, sino para ampliar las situaciones de uso de la violencia ejercida por la policía en sus distintas formas.
¿Cuál creés que es el interés de fondo en el debate recurrente sobre las pistolas Taser? ¿Por qué algunos sectores parecieran estar empecinados con su implementación?
Desde hace varios años desde el CELS observamos un crecimiento abultado del aparato de seguridad e inteligencia en nuestro país. Parte de esta tendencia son también los dispositivos de videovigilancia y reconocimiento facial, por ejemplo. La tecnología ofrece una ventana para presentar estas iniciativas como “novedosas” y renueva aquellos discursos que pujan por aumentar la cantidad de personal policial, de equipamiento de seguridad, etc. Estas agendas se agudizan durante contextos electorales o pre-electorales, muchas veces utilizando casos resonantes para avanzar con estas propuestas. La gran industria de la seguridad, con sus crecientes innovaciones tecnológicas, no es ajena a estas lógicas y está dentro de sus intereses contribuir a esta “inflación” del aparato de seguridad e inteligencia. La falta de transparencia sobre estas transacciones abona a estas preocupaciones.
El tema es que incorporar personal policial y equipamiento de seguridad afecta sobre todo la sensación subjetiva de seguridad, pero no necesariamente contribuye a reducir los niveles delictivos. Argentina es uno de los países de América Latina que más personal policial tiene en relación a su población, pero eso no se refleja en una reducción sostenida de los índices de criminalidad. Distintos tipos de delitos obedecen a distintos factores en contextos diversos, por ende utilizar una única estrategia para resolverlos no ha resultado efectivo. Esta tendencia también hace parte de una preocupante securitización de fenómenos sociales como la migración o la pobreza. Más que sumar personal y armamento, las estrategias de seguridad tienen que estar mejor planificadas, pensarse en conjunto con otras estrategias de gobierno en distintas áreas estatales y deben ser reevaluadas a lo largo del tiempo para asegurar que sigan siendo efectivas.
Argentina es parte de una iniciativa global para impulsar regulaciones en la producción y comercialización de armas y equipamiento que —aunque pueden tener un objetivo legítimo— muchas veces se utiliza para ejercer malos tratos violando estándares de derechos humanos. Más de 30 organizaciones de todo el mundo apoyamos esta iniciativa y esperamos que Argentina implemente políticas internas que vayan en línea con este objetivo.
Otra policía para otras armas
En un artículo de hace algunos años, Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del CELS, sostiene que “Si los cuerpos policiales son violentos y si el uso abusivo de la fuerza no es considerado un problema por las autoridades políticas, el carácter ‘menos letal’ de las Taser es muy relativo (…) “una policía violenta por formación, por incentivo político y por presión social no lo será menos porque le den armas de otro tipo. En todo caso, se agregarán nuevas violencias orientadas al control de la calle”. Es decir, que agregar policías o darles más armas —letales o menos letales— no soluciona el problema de la seguridad si esas medidas no van acompañadas de una pregunta de fondo sobre qué modelo de seguridad y qué clase de fuerzas queremos para nuestra sociedad.
En definitiva, lo que podemos decir es algo que ya se ha repetido hasta el cansancio: que casi siempre los casos trágicos son aprovechados por las agendas mediáticas y de campaña para instalar y presionar con medidas urgentes para un problema que requiere de un abordaje juicioso, elaborado e integral como lo es el de la seguridad. Dicho de otra manera: ¿por qué el asesinato de una agente de la Policía de la Ciudad abrió este debate y no otros?
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DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA
Hoy se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. La fecha se eligió para conmemorar el lesbicidio de Natalia “Pepa” Gaitán, ocurrido en Córdoba en 2010. Pepa tenía 27 años cuando fue asesinada de un escopetazo por Daniel Torres, el padrastro de su novia, por el hecho de ser lesbiana. En este día se busca darle visibilidad a las violencias contra las lesbianas y para ello hay distintas actividades en todo el país.
8M
Mañana se celebra un nuevo Día Internacional de la Mujer y se realizará el 7° Paro internacional feminista. Habrá marchas en distintos lugares para reclamar por la igualdad y el cese de la violencia contra las mujeres. “Ni una Menos” convocó a las 16 a una marcha hacia el Congreso Nacional. El movimiento remarcó que el paro se hace para visibilizar "la deuda, la precariedad y la falta de salarios dignos".
Provincias como Río Negro y Santa Fe darán asueto para que las trabajadoras de la administración pública puedan participar de las movilizaciones y actividades.
VIOLENCIA EN RÍO NEGRO
A mediados de febrero la Justicia de Río Negro leyó los argumentos de los montos de las penas que impusieron a los condenados por el crimen de Elías Garay y el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera en Cuesta del Ternero. Diego Ravasio recibió doce años de prisión y Martín Feilberg, cinco. Entre otras cosas, el Tribunal consideró que ambos actuaron motivados por un interés económico al disparar con su arma de fuego.
Por otra parte, la Justicia rionegrina estableció que el 14 de agosto comenzará el juicio oral y público por el asesinato contra el joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado por un escuadrón del grupo Albatros que entró al territorio recuperado por la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Cinco de ellos dispararon más de cien veces y mataron por la espalda a Rafael Nahuel, aunque solo uno de ellos está acusado como autor material bajo la carátula de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", aunque la querella pide que se lo considere como homicidio calificado ya que remarcan que no hubo un enfrentamiento entre ambas partes como sostiene la defensa.
REPRESIÓN EN CHACO
Salustiano Giménez, de 17 años, perteneciente a la comunidad wichí en Chaco desapareció el 17 de febrero. El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, habló de un supuesto asesinato, cuando la investigación aún no arrojó ninguna prueba en esa línea. Como respuesta a sus dichos, más de 200 personas de la comunidad wichí salieron a manifestarse y se presentaron en la comisaría para pedir por su aparición; fueron reprimidos y 21 de ellos fueron detenidos:
Está mañana la policía provincial y gendarmeria reprimió a la comunidad Wichi Misión Nueva Pompeya, Chaco mientras se manifestaban frente a la comisaría local, ante los dichos del Gobernador Capitanich. Hay al menos 18 personas detenidas.Además, los familiares denunciaron que “hay 20 detenidos de los que no sabemos su paradero. La abogada Carolina Aquino presentó un habeas Corpus. Tememos por la vida de nuestros dirigentes, resistimos la represión cientos de compañeros en las calles de Pompeya, la mayoría mujeres y jóvenes luchando barrio por barrio”. Desde el CELS llamaron al diálogo y pidieron a las autoridades provinciales que liberen a los detenidos.
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